El presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), para reorganizar el funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de magistrados de dicho órgano, plantea entre otros aspectos, ampliar de tres a cuatro años la presidencia, grabar las sesiones, dotar de atribuciones a la Sección Tercera especializada en sanciones a servidores públicos y la obligatoriedad de guardar absoluta confidencialidad de los casos.
Adicionalmente prevé nuevas causales para la remoción de los magistrados, entre las que sobresalen tener “notoria ineptitud o descuido” en el desempeño de sus funciones, no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo de la función judicial, acosar u hostigar sexualmente valiéndose de su posición jerárquica sobre otra persona de su entorno laboral o intervenir para la contratación de parientes, cónyuges o concubinas en órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del tribunal.
La iniciativa turnada a las Comisiones de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y dictamen establece la obligación de los servidores públicos del TFJA de guardar “absoluta reserva y confidencialidad de la información” de los procedimientos que se substancien a fin de evitar faltas administrativas.
Plantea además que las sesiones del tribunal puedan ser grabadas a fin de tener evidencia precisa de lo que ocurre en las reuniones, con lo cual, señala la iniciativa, se privilegiará la transparencia en las funciones del organismo.
En caso de que la propuesta del titular del Ejecutivo sea aprobada en San Lázaro, el TFJA podrá conocer sobre la terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policiales federales, mientras el pleno resolvería asuntos de responsabilidades en que se involucre a las y los magistrados de salas regionales,
También propone que los integrantes de la Sección Tercera del TFJA sean elegibles para ocupar la presidencia del tribunal y en donde la persona decana tendrá preferencia para la nominación correspondiente, situación que el texto vigente no está permitida.
El proyecto incorpora la obligación de los magistrados de razonar sus votos particulares dentro de los diez días siguientes a la fecha de la sesión que emita la sentencia correspondiente.
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dhfm
